Los importantes cambios
que se han producido en el mercado crediticio durante los últimos años hace que las
personas que tienen contratado un préstamo hipotecario con una entidad de crédito puedan
encontrarse, en un momento dado, con que el interés que están pagando es superior al
interés existente en el mercado. Se puede plantear entonces la oportunidad de negociar
con la entidad financiera una bajada del tipo de interés o, si no responde adecuadamente,
trasladar el préstamo a otra entidad que ofrezca mejores condiciones.
Para facilitar estas operaciones y abaratar
los costes se dictó la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de
préstamos hipotecarios. Recientemente, esta Ley ha sido desarrollada mediante un acuerdo
del gobierno con Bancos, notarios y registradores que reduce los costes y disminuye las
comisiones bancarias, acuerdo que, aunque ha sido anunciado en el momento de redactar esta
información todavía no ha sido plasmado por escrito.
Se pueden, por tanto, distinguir dos
supuestos:
Consiste simplemente en un acuerdo con el
Banco o Caja de Ahorros para aplicar un tipo de interés inferior o cambiar las reglas de
cálculo del interés. Junto con la mejora de las condiciones de interés se puede pactar
la alteración del plazo pactado.
Es la solución más ventajosa ya que los
gastos son mínimos. De hecho, si se trata simplemente de reducir el interés fijo (por
ejemplo, pasar de un interés del 12% al 9%) o de disminuir el diferencial del interés
variable (por ejemplo, si lo pactado es el "MIBOR" más dos puntos, pasar al
"MIBOR" más un punto) ni siquiera es imprescindible la escritura pública,
bastando un simple escrito del Banco firmado por persona competente. Si la novación
consiste en un cambio estructural por pasarse del interés fijo al variable, o viceversa,
o por cambiarse el tipo de referencia (por ejemplo, si se pactó que se tendría en cuenta
el tipo medio del interés de las Cajas o Bancos para préstamos hipotecarios a más de
tres años y se pasa ahora al "MIBOR") es necesario el otorgamiento de una
escritura de novación cuyos gastos son mínimos ya que los honorarios notariales no
pasarán de quince mil pesetas y los registrales serán inferiores a cinco mil pesetas.
Estos serán los únicos gastos, ya que no se paga ningún impuesto.
Si no se consigue la mejora deseada por
parte de la entidad que inicialmente concedió el préstamo cabe la posibilidad de
"pasarse" a otra entidad. El proceso es más complejo y bastante más costoso
por lo que habrá siempre que plantearse, en función del capital pendiente y de los años
que queden, si conviene o no la operación.
El procedimiento consiste básicamente en
acudir a la entidad que dé mejores condiciones, la cual deberá emitir una oferta
vinculante. Esta oferta debe contener las nuevas condiciones que se ofrecen sin que la
nueva entidad pueda cobrar comisiones o cantidades no incluidas en la oferta. A
continuación la nueva entidad financiera notifica la oferta a la antigua entidad, la cual
debe emitir, en el plazo de siete días naturales, una certificación haciendo constar
cuál es la cantidad exacta que se le debe. Durante los quince días siguientes la entidad
acreedora puede asumir las condiciones de interés que ofrecía la otra entidad con lo
cual no prosigue la subrogación.
Si la entidad anterior no emite la
certificación en siete días o no enerva la subrogación en el plazo de quince días, se
procede al otorgamiento de la escritura pública de subrogación. Por esta escritura, la
nueva entidad ocupa el lugar de la entidad anterior, a la que se le transfiere el importe
de lo adeudado, y se subroga en el préstamo existente, respetándose las condiciones
anteriores, salvo en lo concerniente a las nuevas condiciones del tipo de interés. Sólo
se puede modificar el interés y no, como ocurre en las novaciones, la duración.
El coste de la operación viene
determinado, fundamentalmente por las comisiones bancarias. Habrá que pagar en primer
lugar a la antigua entidad la cantidad que proceda en concepto de comisión de
cancelación. Esta comisión se calcula sobre la parte del capital pendiente al tiempo de
la subrogación y sólo procede si expresamente se ha pactado en la escritura de la
hipoteca, siendo el porcentaje máximo, si el interés es variable, del 1% por
establecerlo así la Ley del 30 de marzo de 1994. Si el interés preexistente es fijo no
hay ninguna limitación legal pero en virtud del Convenio firmado en octubre de 1996 los
Bancos se han comprometido a no cobrar más del 2,5% de comisión.
A la nueva entidad habrá también que
pagar una comisión de apertura que es totalmente libre y viene determinada por la
negociación con el cliente. Se trata de un dato más a tener en cuenta a la hora de
evaluar si el coste de la operación resulta compensado por la reducción del interés. La
subrogación realizada con los requisitos de la Ley del 30 de marzo de 1994 no está
sujeta a ningún impuesto. En cuanto a los gastos notariales y registrales se aplica una
reducción consistente en una rebaja del 50% en los derechos notariales y registrales,
determinados por la cuantía de la operación. |